El presidente Javier Milei vetó de manera total el Proyecto de Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y mejoras salariales para el personal docente y no docente. La medida fue oficializada este miércoles 10 de septiembre a través del Decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial.
La decisión representa un fuerte revés para la iniciativa sancionada en el Congreso el pasado 21 de agosto y abre un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, que viene reclamando mayores recursos en medio de los recortes presupuestarios.
Qué contemplaba el proyecto vetadoLa ley de “Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente” tenía como objetivo central garantizar el financiamiento sostenido de las universidades públicas en todo el país.
Entre los principales puntos incluía:
Partidas presupuestarias específicas para fortalecer la educación superior. Recursos destinados a garantizar la permanencia de los estudiantes, la formación docente y las condiciones salariales del personal. Inversión en infraestructura, equipamiento y tecnología digital. Apoyo a la extensión universitaria, la investigación y los programas de bienestar estudiantil. Incremento en becas y ampliación de la oferta académica. Actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades según la variación del IPC. El argumento del GobiernoDesde el Poder Ejecutivo justificaron el veto en la necesidad de mantener el control del gasto público y evitar lo que consideran una intromisión en las facultades propias del Gobierno para administrar los recursos del Estado.
Sin embargo, la medida ya generó críticas de la oposición y del sector universitario, que advertían que la norma buscaba “dar previsibilidad al financiamiento” y garantizar condiciones básicas para la calidad y accesibilidad de la educación superior.
Con este veto, Milei suma un nuevo frente de conflicto en medio de un clima social y político marcado por la disputa por los fondos educativos y la presión de las universidades públicas para asegurar su normal funcionamiento.