La Justicia Federal de Santa Fe dictó el martes la prisión preventiva hasta el 26 de marzo de 2026 para Franco Augusto Poccia, un empresario frutillero de 25 años cuya plantación fue allanada la semana pasada en Arroyo Leyes, detenido desde entonces bajo la acusación de trata de personas con fines de explotación laboral.
La medida fue dispuesta tras una audiencia desarrollada en los tribunales federales de la capital provincial, donde el Fiscal Federal Walter Rodríguez imputó al joven por los delitos de trata de personas agravada por el abuso de situación de vulnerabilidad, por la cantidad de víctimas y por la presencia de menores de edad entre ellas.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, Poccia habría mantenido bajo condiciones de explotación a 45 trabajadores rurales, entre los cuales se identificaron dos menores de edad. Las víctimas realizaban tareas de recolección de frutillas en un predio ubicado en el kilómetro 18 de la ruta provincial N° 1, en jurisdicción de Arroyo Leyes, en condiciones laborales y de habitabilidad consideradas “precarias e inhumanas” por los investigadores.
Denuncia e investigación de la justicia federal
La investigación comenzó el 17 de septiembre pasado, cuando tres jóvenes provenientes de la provincia del Chaco se presentaron en la subcomisaria 20° de Arroyo Leyes para denunciar al propietario del campo.
Los trabajadores relataron que el empresario no les había abonado los salarios prometidos, que vivían en casillas improvisadas sin condiciones básicas de higiene, y que trabajaban largas jornadas sin acceso a agua potable ni elementos de protección.
La fuerza policial dio intervención inmediata a la Justicia Federal, que inició actuaciones bajo la dirección del fiscal Rodríguez.
En los días posteriores, se coordinaron tareas de inteligencia como escuchas telefónicas y vigilancia junto a la Policía de Investigaciones (PDI), la Unidad de Atención y Rescate de Víctimas de Trata, el RENATRE y la UATRE, con el acompañamiento de la Coordinación de Rescate Nacional dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.
El operativo en el campo de frutillas
Como resultado de esas tareas, el 1 de octubre se llevó a cabo un operativo de rescate en el establecimiento frutillero. Allí se constató la presencia de 42 personas en situación de explotación laboral, provenientes del Chaco.
Durante los allanamientos, se procedió a la detención de Poccia y al secuestro de armas de fuego, municiones, documentación y dinero en efectivo, además de diversos elementos de interés para la causa.
Entre los bienes incautados figuran una camioneta Volkswagen Amarok, seis teléfonos celulares, documentación contable, carpetas, agendas, chequeras, contratos y remitos. Además armas de fuego como una escopeta calibre 16, un revólver calibre 32, una escopeta 12/70, una pistola Bersa 9 mm, una carabina Rubí Extra calibre 22, además de armas de aire comprimido y una pistola de bengalas.
También fueron secuestrados más de 300 cartuchos de distintos calibres, incluidos 12/70, 22 y 32 mm, dinero en efectivo: $10.034.250 y 4.205 dólares estadounidenses.
La situación judicial del empresario
Durante la audiencia, el fiscal Rodríguez sostuvo que Poccia se valió del estado de vulnerabilidad económica y social de los trabajadores, muchos de los cuales habían sido reclutados bajo falsas promesas de empleo digno.
El juez federal interviniente hizo lugar al pedido fiscal de dictar la prisión preventiva, entendiendo que existen riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, por lo que el empresario deberá permanecer detenido hasta marzo de 2026, mientras continúa la instrucción de la causa.
Respecto de los trabajadores rescatados, algunos aún permanecían al resguardo de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Trabajo provincial, mientras que otros retornaron a sus lugares de origen.